El Ministerio Público tiene los suficientes elementos de convicción para imputar a los involucrados en el caso del pago de las compensaciones fraudulentas a productores de arroz.
Sin embargo, pareciera haber una intención para que el caso prescriba, así lo sostuvo el abogado litigante en Veraguas, Iván Catillo, después de una audiencia de incautación de datos y afectación de derecho, realizada este 4 de diciembre en el Sistema Penal Acusatorio.
Hace pocos días, en una entrevista el fiscal superior de Veraguas, Luis Alberto Martínez Sánchez, dio a conocer que sobre este escándalo hay dos personas imputadas por la supuesta lesión al patrimonio económico y que se adelantan unas siete investigaciones, sin precisar cuantos son los involucrados ni muchos menos la cuantía, tampoco comentó la veracidad si hay o no políticos sospechosos en ese fraude.
Entérate de otras interesantes noticias: día a día Panamá
Para el abogado querellante Iván Castillo, en el Sistema Penal Acusatorio, la audiencia solicitada fue determinar cuál había sido la actuación de la fiscalía que adelanta las investigaciones en este caso de fraude, puesto que mas de un año no se sabe quienes son las personas sospechosas de haber cometido ese delito.
Pareciera que, al Ministerio Público, según el abogado Castillo le resta importancia en investigar la denuncia que incluso fue presentada por Augusto Valderrama, ministro de MIDA, luego de enterarse lo que estaba sucediendo con los con pagos de las compensaciones a los productores de arroz.
Para muchos en la sociedad veragüense, este caso será otros más del que nada sucede o aquí no pasó nada, si se presume que cuando hay monos gordos o políticos conocidos con las manos metidas, el caso podría pasar al olvido.
Durante audiencia de afectación de derecho de la querella, según Castillo, pareciera haber contradicciones entre el jefe del Ministerio Público en Veraguas, que ha informado de dos imputaciones, porque ahora se tiene la sensación de presuntas intenciones de la lentitud para que el caso prescriba y dejarlo sin efectos ante un posible fraude que pudiera estar por arriba de los 12 millones de balboas.
